En medio de las fuertes críticas al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se ha iniciado este martes la instalación de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) en el Senado para investigar las acciones y posibles omisiones del Gobierno en la gestión de la pandemia, que ha dejado en el país más de 391.000 muertos y 14,3 millones de contagiados.
Está previsto que en este encuentro,
el senador Omar Aziz asuma la presidencia y Randolfe Rodrigues, el senador que
solicitó la CPI, la vicepresidencia. La comisión también investigará las
posibles desviaciones de fondos federales enviados a los estados para hacer
frente a la pandemia.
En esta primera sesión se definirá el
plan de trabajo que seguirá la CPI en los próximos 90 días, un plazo que podrá
prorrogarse. El plan preliminar establece cuatro líneas generales de
investigación: las vacunas y otras medidas de contención al virus; el colapso
del sistema sanitario en Manaus, estado de Amazonas; la falta de insumos para
tratar a los enfermos y el empleo de los recursos federales.
Está previsto que en las próximas
semanas comparezcan como testigos el exministro de Exteriores Ernesto Araújo y
el exsecretario de Comunicación Fábio Wajngarten, así como el actual ministro de
Salud, Marcelo Queiroga, y los otros tres titulares –Luiz Henrique Mandetta,
Nelson Teich y Eduardo Pazuello– que pasaron por esa cartera en este año de
pandemia. Mandetta y Teich abandonaron el cargo tras desavenencias con
Bolsonaro, mientras que Pazuello es investigado por la Policía Federal por su
gestión de la pandemia.
La comisión no puede juzgar a ninguna
autoridad, pero sí reunir los elementos necesarios para trasladarlos a los
órganos competentes.
Lista de acusaciones
Este fin de semana, se filtró en la
prensa una lista elaborada por la Casa Civil de la Presidencia con 23 posibles
acusaciones a las que el Gobierno y Bolsonaro podrían enfrentarse.
Entre ellas destacan cuestiones como
la negligencia del Gobierno en la compra de vacunas; la ausencia de medidas
restrictivas para reducir los contagios; minimizar la gravedad de la pandemia;
promover el uso de fármacos sin evidencia científica; retrasos en las pagas de
auxilio de emergencia o el genocidio de indígenas.
La Casa Civil explicó que el objetivo
de la lista era recopilar datos e información para ser utilizada por el
Ejecutivo a la hora de responder a las preguntas de la CIP. La puesta en marcha
de la comisión supone una derrota para el mandatario ultraderechista, que
intentó evitar a toda costa su instalación.
Vía RT