"Nos están matando en Colombia". Estas fueron algunas de las últimas palabras que pronunció el estudiante y activista Lucas Villa Vásquez antes de recibir ocho disparos, en un ataque perpetrado por sujetos desconocidos la noche del miércoles 5 de mayo en la ciudad de Pereira, la capital de Risaralda, ubicada en el eje cafetero.
La alegría, el baile y los
cánticos de Lucas fueron acallados a balazos en un instante. El estudiante de
Ciencias del Deporte y la Recreación en la Universidad Tecnológica de Pereira
(UTP) está en terapia intensiva y se reporta en estado crítico.
Villa Vázquez ingresó a las
07:59 de la noche (hora local) al Hospital Universitario San Jorge. Aunque
algunas versiones aseguraban que el hombre de 37 años tenía muerte cerebral, el
gerente de la clínica, Juan Carlos Restrepo, dijo a Semana que su pronóstico
era reservado y que están a la espera de ver si evoluciona tras ser atendido en
la unidad de cuidados intensivos.
"Está siendo manejado
por Neurocirugía, Neurología clínica e intensivistas. El paciente
inmediatamente fue intubado y trasladado a la unidad de cuidados
intensivos", contó Restrepo.
Durante el ataque armado a
la altura del viaducto César Gaviria, también resultó herido de gravedad Andrés
Felipe Castaño, con lesiones en cuello y abdomen; y Javier David Clavijo, con
un disparo en la pierna, según reportaron medios locales.
En redes sociales se
difundió un video sobre el supuesto momento en que Lucas, Andrés y Javier
fueron atacados a balazos por al menos un sujeto que viajaba a bordo de una
motocicleta. Una mujer, presumiblemente pareja de una de las víctimas, grabó la
escena con su celular.
Cientos de jóvenes
convocaron este jueves a una jornada de velatón en Pereira para exigir justicia
por el ataque armado que dejó a Lucas al borde de la muerte, y con lesiones a
Andrés y Javier.
Violencia
en Colombia
Hasta este jueves, la
Defensoría del Pueblo reporta 24 fallecimientos, 352 personas lesionadas y 89
desaparecidos. No obstante, organizaciones sociales documentan un saldo de 34
muertes y más de 300 ciudadanos no localizados en el marco de las protestas
sociales y la represión orquestada por la fuerza pública y por civiles armados.
Además, la organización
Temblores denunció 1.708 casos de violencia policial en contra de
manifestantes, entre las que se cuentan 22 víctimas de agresión en los ojos y
10 de violencia sexual. Además, documentaron 110 agresiones en donde los
uniformados utilizaron armas de fuego en contra de ciudadanos.
Respuesta
de Duque y Maya
El presidente de Colombia,
Iván Duque, condenó el ataque armado en Pereira. En su cuenta de Twitter, el
mandatario pidió al director de la Policía Nacional, el mayor Jorge Luis
Vargas, dar "con el paradero de los culpables y llevarlos ante la Justicia".
"No toleramos estos
actos de violencia y los rechazamos", aseveró Duque.
De momento, se desconoce la
identidad de los agresores. No obstante, el alcalde de Pereira, Carlos Maya, de
la coalición Más Cambio, ha sido fuertemente criticado porque en el contexto de
las protestas en la ciudad, instó a los "miembros de la seguridad
privada" para que formasen "un frente común" junto a la Policía
Nacional y el Ejército, para "recuperar el orden en la seguridad
ciudadana".
Las declaraciones de Maya
fueron interpretadas por algunas personas como una abierta aceptación de la
formación de grupos paramilitares para violentar las protestas sociales. En
medio de la conmoción por el brutal ataque contra Lucas, Andrés y Javier, en
Twitter se hizo viral la etiqueta #MayaDioLaOrden.
Por su parte, la noche del
miércoles Maya exigió a la Policía "dar con los autores materiales e
intelectuales del atentado" y precisó que había sido perpetrado "en
el viaducto de Pereira". El alcalde también ofreció una recompensa de 50
millones de pesos colombianos (unos 13.000 dólares) por información que
conduzca a la captura de los agresores.
Criminalización
de la protesta social
Desde el Gobierno de Duque
hasta la actuación de gobernantes locales como Maya, las legítimas protestas
sociales en Colombia han sido criminalizadas en el discurso político. Los actos
vandálicos registrados en algunas movilizaciones han sido el pretexto ideal
para calificar a estos grupos como terroristas, pese a que miles de ciudadanos
se movilizan pacíficamente.
En cambio, se guarda
silencio y se perpetúa en la impunidad las agresiones y violaciones a los
derechos humanos cometidas por la Policía Nacional, el Ejército y el Escuadrón
Móvil Antidisturbios (Esmad) en contra de manifestantes, las cuales han sido
documentadas por ciudadanos y organizaciones nacionales e internacionales.
Desde el 28 de abril
comenzaron las protestas sociales en Colombia, en rechazo a una polémica
reforma tributaria presentada (y después retirada) por el Gobierno de Duque.
Sin embargo, las detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza
pública, amparado por el poder político, han reavivado los reclamos en las
calles.
En este contexto de
violencia y bloqueos en las calles, varias ciudades colombianas registran la
falta de abastecimiento de alimentos e insumos básicos. Los habitantes de
Pereira reportaron esta semana el desabastecimiento de alimentos y de gasolina
Además, en medio de estas
carencias, los precios de los insumos básicos se han disparado, una tragedia
para un país en el que el 42,5 % de la población está en pobreza monetaria y el
15,1 % se encuentra en condiciones de pobreza extrema, según datos
oficiales.
Vía RT José Beltrán