Una nueva jornada de manifestaciones ha sido convocada para este miércoles en Colombia, cuando se cumplen dos semanas de movilizaciones, días después de un "acercamiento exploratorio" sin acuerdos entre el Gobierno y los organizadores de la protesta en el contexto de una situación crítica con hechos de violencia en la ciudad de Cali.
En
ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, Bucaramanga y Manizales habrá
puntos de concentración para marchar 'Por la paz y la vida', como ha sido
llamada por sus organizadores. Durante 15 días de marchas y plantones la
Defensoría del Pueblo ha reportado la muerte de 42 personas (41 civiles y un
policía) y 168 ciudadanos continúan desaparecidos.
Estos
días han estado caracterizados por una creciente presión social y por
concesiones goteadas del presidente de Colombia, Iván Duque, frente a las
principales demandas de quienes han convocado a las manifestaciones desde 2019
y que lo señalan de haber incumplido con lo acordado en aquella oportunidad.
Al
panorama de violencia, donde ya había denuncias de organizaciones de defensa de
los derechos humanos sobre el "uso excesivo de la fuerza" por parte
de los cuerpos de seguridad en la contención de las marchas y plantones, se han
sumado los ataques de civiles armados contra quienes participan en ellos. El
gobierno, sin embargo, aún no se ha expresado de manera contundente sobre estos
señalamientos.
La postura de Duque y llamamientos
internacionales
Si
bien desde el lado del Gobierno se ha ido moderando el discurso sobre los
"vándalos" y "terroristas", a los que responsabiliza de
estar detrás de hechos de violencia en el marco de las actividades de calle,
Duque se ha mantenido firme en el llamado a levantar los bloqueos de algunas
vías que impiden el tránsito libre. Hasta ahora, se han establecido
"corredores humanitarios" por horas en algunos accesos a las ciudades
para permitir el paso de alimentos, combustible y medicinas, entre otros.
Aunque el mandatario ha
eludido hablar directamente de las denuncias de abusos policiales, ha rechazado
"todas la formas de violencia" y ha aseverado que "si hay
conductas individuales que son contrarias a la Constitución y la ley"
deben ser "investigadas y sancionadas". Sin embargo, EE.UU., uno de
sus aliados en la región, ha sido más enfático, afirmando que "así como
condena la violencia y el vandalismo" hace "un llamado a la Policía
para que respete los derechos de los manifestantes pacíficos", según el
portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.
A las puertas de un proceso
de negociación entre el Ejecutivo y el sector que coordina las manifestaciones,
la Unión Europea ha pedido un "diálogo sólido e inclusivo" que
"genere consenso". No obstante, el posible acercamiento de la Casa de
Nariño con los miembros de la Central Única de Trabajadores (CUT), responsables
de la convocatoria a paro nacional, no es visto por algunos sectores sociales,
entre ellos campesinos, mujeres e indígenas, como el final del conflicto debido
a que consideran que las exigencias no condensan sus necesidades.
Acciones
sin acuerdos
Desde mediados de la semana
pasada, el Gobierno inició una serie de reuniones para buscar soluciones a la
crisis. Hasta ahora hubo encuentros con instituciones estatales, partidos
políticos opositores, autoridades locales, jóvenes, trabajadores sanitarios y
con el Comité Nacional de Paro, que era uno de los más esperados y que se
realizó el pasado lunes.
Tras el cierre de la reunión
exploratoria, el Comité dijo que no se había llegado a un acuerdo y la tildó
como "fracasada". Sin embargo, al día siguiente el alto comisionado
para la Paz, Miguel Ceballos, quien ha sido el vocero gubernamental en los
procesos de acercamiento con varios sectores, informó que el Ejecutivo estaba
dispuesto a iniciar un proceso de negociación que estará acompañado por la
Iglesia católica y la Organización de Naciones Unidas (ONU), tal como lo habían
solicitado los coordinadores de la protesta.
La CUT ha sido reiterativa
en su exigencia de "detener la violencia estatal y paraestatal", en
"desmilitarizar la protesta" y en "actuar de manera urgente en
Cali" para poder sentarse a conversar. Del otro lado de la mesa, sin
embargo, no ha habido una respuesta directa.
Por su parte, Duque ha
cumplido con ciertas exigencias de manera unilateral, sin que hayan sido
producto de rondas de diálogo con los organizadores de las manifestaciones, que
han establecido un pliego de emergencia nacional desde 2020 que contempla temas
como el pago de la renta básica para 30 millones de personas en situación
vulnerable; aceleración del proceso de vacunación y exención del pago de las
matrículas para los estudiantes, entre otras.
Entre sus anuncios recientes
durante su viaje a Cali sobre los reclamos que han sido bandera de estas
protestas, el mandatario informó que en el segundo semestre de este año, los
estudiantes de educación superior de los estratos 1, 2 y 3 (los más bajos)
tendrán matrícula gratuita. Además, adelantó que este miércoles se iniciará la
fase 3 del proceso nacional de vacunación que incluye a docentes, a la Fuerza
Pública y a personas con preexistencias y comorbilidades.
Situación
en Cali
La capital del departamento
del Valle del Cauca es el epicentro de las protestas. Entre los hechos de
violencia más recientes se encuentra un ataque contra una caravana de la minga
indígena protagonizado por civiles armados y policías, que dejó al menos nueve
personas heridas.
Frente a la compleja
situación, que incluye obstaculización de algunas vías y reclamos de la
presencia estatal para atender las problemáticas de los sectores más
empobrecidos, el presidente se trasladó el martes a Cali en la segunda visita
que realiza esta semana. Desde allí, dijo que evaluaba las medidas de seguridad
y acciones para garantizar el abastecimiento.
Hasta ahora, los cuerpos de
seguridad han abierto 17 puntos con salidas al aeropuerto internacional Alfonso
Bonilla Aragón y a varios municipios que se mantenían bloqueados en la capital
del Valle del Cauca, departamento donde se encuentra el puerto de Buenaventura,
el principal del país con salida al Pacífico.
Por su parte, la minga
indígena anunció el martes que después de participar en las actividades de este
miércoles volverá al vecino departamento del Cauca, donde continuará con las
acciones de protesta. Según informaron, decidieron desmarcarse de la CUT porque
rechazan el proceso de negociación con la Presidencia por considerar que sus
peticiones no "recogen ni representan" las de la movilización
popular.
Aunque el mandatario colombiano
parece haber cedido en algunos puntos que forman parte del reclamo más
reiterado por parte de los organizadores de la protesta, falta por ver si
cumplen las expectativas de quienes han salido a la calle para pedir medidas
que palien la pobreza, que afecta al 42 % de la población del país, en medio de
la crisis por el coronavirus y los reclamos de mayor presencia estatal en las
zonas afectadas por la violencia y la inequidad.
De momento, las reuniones
del gobierno con los diferentes sectores continuarán a lo largo de esta semana,
a la espera de un segundo encuentro con los organizadores del paro nacional.
Vía RT
Nathali Gómez