Un grupo de relatores y expertos de derechos humanos independientes de la Organización para las Naciones Unidas (ONU) advirtió este miércoles que "la aplicación excesivamente estricta" de las sanciones de EE.UU. contra Venezuela y su empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), pudiera ocasionar la muerte de "cientos de pacientes venezolanos con cáncer".
"La vida de los pacientes
venezolanos que han tenido trasplantes y se encuentran varados en países
extranjeros está amenazada", expresaron los expertos en un comunicado
difundido en el sitio web de la ONU, en el que añaden que lo mismo ocurre con
las personas que esperan viajar fuera de Venezuela para "someterse a
operaciones sin las cuales no sobrevivirían".
El texto, que también fue difundido
por el canciller venezolano, Jorge Arreaza, en Twitter, es firmado por Alena
Douhan, relatora especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas
coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos; y Nils Melzer,
relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes.
También rubrican el comunicado,
Obiora Okafor, experto independiente sobre los derechos humanos y la
solidaridad internacional; Livingstone Sewanyana, experto independiente sobre
la promoción de un orden internacional democrático y equitativo; Saad
Alfarargi, relator especial sobre el derecho al desarrollo; y Tlaleng Mofokeng,
relatora especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto
nivel posible de salud física y mental.
Los especialistas confirmaron que las
sanciones han puesto en riesgo la vida de al menos 190 pacientes con cáncer que
están en una lista de espera para recibir tratamiento en el extranjero y
denunciaron que 14 niños, tres de ellos bebés, murieron entre 2017 y 2020,
"esperando un tratamiento" que no llegó debido a que EE.UU. le negó
al Gobierno venezolano el control sobre su empresa Citgo, y cedió la petrolera
al exdiputado Juan Guaidó, cuando fue reconocido por la administración de
Donald Trump como "presidente encargado".
"Consecuencias devastadoras"
El grupo reconoció que la Fundación
Simón Bolívar, bajo la administración del Gobierno de Venezuela a cargo de
Nicolás Maduro, "ayudó a pacientes con cáncer, entre ellos muchos niños, a
viajar al extranjero para recibir trasplantes y otros tratamientos para salvar
sus vidas".
Luego, agregan los expertos,
"cientos de estos pacientes que solían estar vinculados a un programa
nacional de trasplantes con el Gobierno de Venezuela, vieron interrumpido su
tratamiento cuando EE.UU negó el control de Citgo".
Esto ocurrió después de que la nueva
administración, impuesta por Guaidó, notificara a los enfermos que sus
tratamientos no iban a continuar y que debían acarrear con los gastos por
cuenta propia. De hecho, el Estado venezolano denunció que los recursos
destinados para estos pacientes fueron robados y utilizados por el exdiputado
opositor para ejecutar atentados.
"Tener PDVSA como objetivo ha
sido una forma de controlar la agenda política de Venezuela, que ha tenido
consecuencias devastadoras para cientos de personas que estaban en tratamiento
por rechazo de trasplante, tanto en Venezuela como en el extranjero",
añadieron.
El grupo también exhortó a
"todos los Estados, bancos y empresas privadas" que han aplicado
sanciones contra Venezuela, a que asuman "la plena responsabilidad de los
efectos de sus acciones sobre las personas", especialmente porque
perjudican el disfrute de los "derechos fundamentales a la vida y a la
salud".
De igual forma, los expertos
solicitaron a los involucrados a retirar "las sanciones y las políticas de
sobrecumplimiento que afectan a los derechos humanos fundamentales".
En ese sentido, reiteran: "Los
Estados tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos
humanos de toda persona afectada por una acción internacional".
"Las consecuencias inesperadas de las sanciones"
Los especialistas indicaron que la
situación que sufren estos cientos de pacientes ya está en conocimiento del
Gobierno de EE.UU. y de los otros países y entidades que ejecutan las
sanciones.
De hecho, alertan que las medidas
coercitivas contra el país suramericano se han radicalizado porque
"terceros países, bancos y empresas privadas han sido excesivamente
cautelosos en su trato con Venezuela, porque temen violar involuntariamente las
sanciones de EE.UU".
Una de las consecuencias más graves
son las transacciones bancarias fuera de Venezuela, lo que ha ocasionado que
varios pacientes se hayan quedado varados y hasta "en la indigencia",
en los países a los que acudieron para recibir tratamiento.
Por este motivo, los relatores de la
ONU han llamado a los involucrados a que "mitiguen las consecuencias
inesperadas de las sanciones y restablezcan el tratamiento de las personas
cuyas vidas están ahora en peligro".