Una joven de 15 años denunció haber sido violada por un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en Medellín, Antioquia, donde se desarrollan protestas sociales contra el Gobierno del presidente de Colombia, Iván Duque.
La adolescente fue contactada en
primera instancia por miembros de una misión médica cercana al barrio Moravia
de Medellín, que inmediatamente reportó la activación de un "código
fucsia", es decir, de abuso sexual con penetración.
"Más o menos a las 7:00 de la
noche se encuentra a una menor de 15 años llorando en unas escaleras, cuando se
le atiende, ella denuncia haber sido víctima de acceso carnal violento por
parte de un agente del Esmad", detalló una manifestante a través de un
video divulgado en redes sociales. "No es posible que nosotras las mujeres
sigamos siendo botín de guerra, que nuestros cuerpos sigan siendo usados en
medio del conflicto", agregó.
La joven fue trasladada al Hospital
General de Medellín Luz Carlos de Gutiérrez. Los padres y familiares de la
víctima radicaron la denuncia ante el Centro de Atención Integral a Víctimas de
Abuso Sexual (Caixas) de la ciudad de Medellín.
En declaraciones a medios locales, el
comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, general Pablo Ruiz,
aseveró que el hecho se encuentra en investigación. "Si alguna persona se
ha sentido afectada, interponga las acciones legales", dijo.
El defensor de Derechos Humanos José
Luis Jaramillo indicó que la adolescente se encuentra bajo tratamiento
psicosocial, luego de que los funcionarios de la policlínica en la que fue
atendida constataran "que el caso de violación se presentó". Y
añadió: "Como es una menor de edad no hemos querido hacer hincapié en el
tema".
Piden una "investigación preferencial"
Una de las acompañantes de la víctima
fue la concejala de Medellín por el partido Estamos Listas, Dora Saldarriaga,
quien no solo repudió el hecho perpetrado por el agente del Esmad sino la
violencia institucional a la que fue sometida la adolescente.
"Quiero denunciar que la ruta de
atención para casos de violencia sexual con las niñas en horas de la noche y
los fines de semana no funciona", aseveró Saldarriaga, tras detallar todas
las dificultades que enfrentó la adolescente para poder obtener atención en las
instituciones después de haber sido violada.
La concejala detalló que la menor de
edad tuvo que esperar hasta la madrugada, junto a la personería, la capitana de
Infancia y Adolescencia y la Veeduría a la Fuerza Pública #639, para contar con
la atención médica, psicológica y social.
"Ella llegó de manera voluntaria
por una llamada que le hizo el Procurador, que fue el único funcionario que me
contestó el teléfono en horas de la noche", recalcó la política. Por ese
motivo, ha solicitado que el caso cuente con una "investigación
preferencial" por parte de las instituciones.
Dilación institucional
Aunque el hecho se reportó a las 7:00
de la noche, tuvo que esperar varias horas para obtener atención adecuada.
Según medios locales, su traumático periplo inició en una unidad médica
atendida por hombres, por lo que evidentemente tuvo que ser derivada a otra
misión a cargo de mujeres que le brindaran tratamiento adecuado.
No obstante, cuando llegó al sitio
más recomendable a recibir ayuda, la unidad médica fue atacada con gas
lacrimógeno y la adolescente fue remitida al Hospital General de Medellín Luz
Castro de Gutiérrez.
En ese hospital, la menor fue
registrada bajo la compañía de una veedora y mostró un evidente rechazo a la
presencia de un hombre, funcionario de la policía de infancia, que llegó al
lugar. Después de la 1:30 de la madrugada, un veedor proporcionó ropa a la
adolescente y pasadas las 3:00 de la mañana, los acompañantes se retiraron del
nosocomio para dejar a la víctima con su madre.
"En su ruta de regreso a casa,
el veedor pasó por el lugar de los hechos y encontró unidades del Esmad
caminando por la escena del crimen mientras revisaban el suelo", alertaron
defensores de Derechos Humanos.
El caso de esta joven no es el único.
De acuerdo al más reciente boletín de la Campaña Defender la Libertad, desde el
28 de abril hasta el 30 de junio, se han registrado 61 casos de violencias
basadas en género contra mujeres, en el contexto de la protesta social, de los
cuales 18 implican agresiones sexuales.
Las protestas contra el Gobierno de
Iván Duque, que se iniciaron hace más de dos meses, persisten a pesar de que ya
no son tan masivas. Sin embargo, así como permanece el descontento en las
calles, también siguen los cuestionamientos a la actuación del Esmad por
múltiples violaciones de derechos humanos.
En efecto, una de las demandas de los
manifestantes se centra en una reforma estructural de la Policía Nacional, que
incluya el desmantelamiento de ese escuadrón y la fundación de una nueva
doctrina de orden público en una institución que, según las ONG, ha sido
"históricamente violenta" y ha estado al "servicio de la guerra
y no de la paz".
Pese a ese reclamo, la mirada del
Gobierno apunta a endurecer la legislación contra los manifestantes. Ayer,
Duque solicitó la elaboración de una ley "antivandalismo y
antidisturbios" para sancionar con más dureza los desmanes en medio de las
protestas.
Aunque el mandatario aseguró que no
busca estigmatizar a quienes ejercen su derecho a la protesta, en los últimos
meses ha utilizado indistintamente los términos "vándalos" y
"delincuentes" para referirse a quienes han salido a las calles en
contra de su Gobierno.
"A los vándalos que destruyen
infraestructura, que destruyen el trasporte público, que pretenden secuestrar
buses, que pretenden colgar cables que ya se han cobrado vidas (...), a ellos
se les llama como lo que son: delincuentes. Y se les enfrenta como lo que son,
delincuentes", dijo ayer el mandatario durante un acto más que
significativo: el ascenso del general Jorge Luis Vargas, el director de la
Policía Nacional.
Vía RT - Nazareth Balbás
Foto: Fernando Vergara / AP